EL CANDIL LITERARIO
Nº 26
Madrid, 15 de febrero de 2024
Hoy quiero hablarte de un fenómeno económico-social que ha invadido las principales ciudades patrias y mundiales desde hace pocos años. Lo han llamado gentrificación, que deriva del término inglés “gentry”, en referencia a una clase social media-baja equivalente al hidalgo y el plebeyo. En términos sociológicos consiste en “la transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive a partir de la reconstrucción o rehabilitación por cambio en las dinámicas del mercado y el aumento de la demanda por espacios comerciales y residenciales” según tu denostada wikipedia. En román paladino se reduce a la expulsión -vía desahucio o incremento inasumible del alquiler- de los inquilinos de sus viviendas del núcleo central de las ciudades para convertirlas en pisos turísticos que rinden mayor beneficio a los propietarios y aseguran mayor ocupación de las mismas por la corta estancia de los ocupantes, lo que implica más número de usuarios e incremento de las ganancias del dueño. Otra de sus consecuencias es la subida desmesurada de los arrendamientos, lo que provoca -y se busca- el abandono de los pisos al no poder asumir los residentes la cuantía exigida. En otros casos, el propietario ni siquiera concede la posibilidad de renovar el arriendo; lo que termina produciendo la expulsión vía judicial del ocupante u ocupantes de la vivienda. A su vez, dicho incremento dificulta el acceso de los más jóvenes, normalmente menos capacitados económicamente, a una vivienda digna; lo que retrasa o impide su independencia y desarrollo de una vida normal -la edad de emancipación es una de las más altas de Europa- por más de la Constitución vigente reconozca “el derecho de los españoles a disfrutar una vivienda digna y adecuada”. El negocio antes que la vida, como siempre. El actual gobierno promulgó el año pasado una ley de vivienda que limitaba el incremento de los alquileres, pero las Comunidades Autónomas controladas por el partido en la oposición han anunciado que no la aplicarán al tener trasferidas las competencias sobre esta materia y poder decidir, por tanto, su cumplimiento; aunque pueda perjudicar a los inquilinos. Como bien sabes siempre ha defendido los intereses empresariales antes que los ciudadanos, aunque no duden en presentarse como “constitucionalistas”. Incluso la presidenta capitalina, siempre tan solidaria, no dudó en afirmar que “las personas que no puedan pagar los alquileres tendrán que irse a vivir más lejos”, aunque les suponga desarraigo, viajes más largos y pesados hasta su lugar de trabajo, cambio de colegio u otros inconvenientes. La economía, el becerro de oro, sigue siendo el verdadero dios de este mundo. Por otro lado, no debe extrañarte esta postura del partido opositor, pues muchos propietarios, por no decir todos, son votantes suyos y hay que cuidarles para que no cambien su apoyo.
Este fenómeno también es responsable de la degeneración que sufre la convivencia, pues los turistas que ocupan los pisos carecen de sentido de vecindad -algunos residentes habituales también- y de propiedad, por lo que provocan molestias a los inquilinos y destrozos en las viviendas que muchas veces carecen de respuesta o solución por desentenderse el propietario del piso o vivir en otra ciudad u otro país, o pertenecer a un fondo buitre, mal llamado empresa, que solo busca el mayor rendimiento posible a su propiedad, una pretensión lógica y comprensible, si no tratásemos de un derecho fundamental. Quizá te parezca ingenuo, pero el derecho a una vivienda digna debería servir para algo y, si no pueden mantener la que ocupan, debería existir algún parque público de pisos de alquiler asequible que contrarrestase esta situación; pero el derecho del más fuerte suele prevalecer sobre el del débil según una ley no escrita que muchos jueces aplican sin dudar. Mientras el gobierno actual intenta mitigar la situación con una norma que ha generado críticas por incompleta o insuficiente, la leal oposición defiende la construcción de vivienda nueva para que sus amigos constructores y banqueros obtengan más beneficios (mientras estos últimos continúan sin devolver el rescate bancario de M. Rajoy en 2012); aunque se calcula que existen cuatro millones de viviendas vacías en el país. ¿No seria más razonable facilitar su ocupación con alquileres sociales o medidas similares? Tal vez, pero, en ese caso, sólo ganarían los ciudadanos y eso parece una coyuntura “contraria a la realidad del país” según palabras de algunos político actuales.
¡Hasta la próxima!
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