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EL CANDIL LITERARIO

Nº 30

Madrid, 27 de Marzo de 2024

            Querido Enrique, la Junta castellanoleonesa cambia su decreto de Memoria Histórica, que aprobó el PP cuando tenía mayoría absoluta, por una Ley de Concordia, promesa electoral de su socio Vox, que pretende equiparar a todas las víctimas de la guerra civil desde 1931 hasta 1978 y explicar el franquismo -que no considera dictadura al no existir una opinión unánime al respecto según dicen- desde un punto de vista objetivo (el suyo, por supuesto). Parece que la política patria sigue siendo un cambalache. Con esta nueva norma el gobierno castellanoleonés pretende “reivindicar la historia común, entendida como elemento integrador de la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles”. Pero, ¿la guerra civil no los dividió? Resulta curioso que esta disposición incluya a las víctimas de la IIª República, un sistema democrático; al contrario que el franquismo. Equiparar ambos regímenes no parece una buena base para reconciliar nada. Los portavoces de ambos partidos de gobierno señalaron durante el acto de presentación de la misma que no “se condena la dictadura de Franco por estar implícito en la norma” y lo justifican para “evitar la visión sesgada que se ha dado de la Guerra Civil que sigue dividiendo a la sociedad”. Por tanto, el relato auténtico de lo sucedido en aquel período es el que recoge dicho decreto. No aclaran quién da o dio dicho sesgo y cómo esperan que la norma aprobada lo elimine. El portavoz de Vox añadió que también servirá, la nueva disposición, para denunciar que “el actual gobierno es el peor del último período histórico reciente de España”; afirmación que, como puedes comprender, no es sesgada y contribuye a la concordia y reconciliación entre los españoles. La disposición adicional tercera de la norma recoge “un plan estratégico para la concordia democrática de las víctimas del terrorismo”; pero no determina un período de tiempo ni el tipo de terrorismo a qué se refiere, aunque tal vez también estén implícitos como la condena del franquismo. Días después la Comunidad Valenciana, gobernada por el mismo tándem político, ¡qué casualidad!, anunció la próxima aprobación de su propia ley de concordia que recogerá términos similares a los apuntados. En contra de dicha norma, como cabía esperar, se ha manifestado -entre otra muchas- la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica por considerarla “puro blanqueamiento del fascismo”. Parece difícil que se produzca la reconciliación que tanto desea la Ley de Concordia de Castilla y León.

            Por otro lado, el gobierno balear, también una coalición de PP y Vox, ha eliminado la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y el Fraude creada en 2016, cuyas funciones principales eran “almacenar las declaraciones de bienes de los altos cargos, investigar posibles casos de corrupción política y dirimir conflictos de intereses”. ¿Nos están diciendo los gobernantes baleares, con este movimiento, que pretenden corromperse y no quieren testigos de sus trapicheos? Eso parece, pues sus declaraciones de bienes pasarán de ser públicas, a parcialmente confidenciales -¿quién y cómo se determinará esta confidencialidad? ¿Con qué criterios?- y los expedientes abiertos por denuncias de corruptelas se remitirán a un organismo dependiente del gobierno balear, es decir, yo me lo guiso y yo me lo como. A simple vista, no parece un panorama muy tranquilizador; pues el gobierno balear no ha explicado, que sepamos, la razón o razones últimas para adoptar una decisión que parece favorecer directamente a los dirigentes políticos de la Comunidad y perjudican al resto de los ciudadanos al impedirles conocer el patrimonio de sus gobernantes tal y como establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como también desaparecerán las multas y sanciones que podía imponer la extinta Oficina Anticorrupción, ¿qué o quién obligará a ser honrados a los altos cargos baleares? ¿Su honor, su exquisita educación, su buena presencia? ¿Decisiones semejantes contribuyen a la reconciliación que defienden sus colegas de Castilla y León?

            En fin, Enriquito, medio país está en las carreteras en busca de unos días de asueto y descanso, mientras se desespera y estresa en los interminables atascos de tráfico que les impiden llegar pronto a sus destinos de asueto y descanso.